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En el análisis de diferentes modelos de ciudades inteligentes se evidenció que, si bien existen diferentes definiciones del mismo, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) construyó de manera colaborativa, una definición preliminar, “Es una ciudad innovadora y conectada, cuyo foco es la mejora en la calidad de vida de las personas que la habitan y visitan; que implementa y usa las tecnologías de la información y las comunicaciones para brindar oportunidades a las personas, que busca dar respuesta a sus necesidades y establecer canales para el diálogo y colaboración permanente entre los diferentes actores que la conforman”.[1]
Las ciudades inteligentes están emergiendo como una respuesta innovadora a los desafíos urbanos en Colombia. Proyectos como el de la ciudad de Medellín, destacan el avance en la implementación de tecnologías inteligentes. Según datos del Observatorio Global de la Inteligencia Artificial Urbana (GOUIA), se estima que al menos el 70% de las alcaldías de las ciudades principales del mundo han implementado algún tipo de proyecto relacionado con la inteligencia urbana[2]. Sin embargo, junto con los beneficios de la implementación estas tecnologías, surge la preocupación sobre el control y uso de la información recolectada en estos entornos digitales.
En Colombia existe un marco regulatorio que instaura control sobre la recopilación, almacenamiento y uso de datos personales, tal y como lo hace la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y su decreto reglamentario 1377 de 2013, que establecen los principios, derechos y procedimientos para la protección de datos personales, la efectividad de estos varía en su implementación.
La proliferación de sensores y dispositivos conectados en los territorios inteligentes genera grandes cantidades de datos, desde patrones de movilidad hasta niveles de contaminación ambiental. Estos datos recolectados son importantes para la planificación urbana, la toma de decisiones y la mejora de vida de los ciudadanos. No obstante, el uso indebido o no autorizado de esta información puede plantear riesgos para la privacidad y seguridad de los ciudadanos.
Para abordar estos desafíos es crucial una mayor transparencia y participación ciudadana en la planificación y ejecución de proyectos de ciudades inteligentes. Además, se requiere una revisión constante de las políticas y regulaciones existentes para garantizar su adecuación a un entorno tecnológico en constante evolución.
En este sentido, el fortalecimiento de capacidades tanto a nivel gubernamental como en la sociedad civil es fundamental. La promoción de la educación digital y la alfabetización tecnológica puede ayudar a empoderar a los ciudadanos para que comprendan los riesgos y beneficios de la implementación de tecnologías inteligentes en sus ciudades.
Asimismo, la colaboración entre el sector público y el sector privado es esencial para fomentar la innovación responsable y el desarrollo sostenible en el ámbito urbano. Solo a través de un enfoque integral y colaborativo podemos aprovechar todo el potencial de las ciudades inteligentes, mejorando la calidad de vida de sus habitantes y promoviendo un desarrollo urbano inclusivo y sostenible en Colombia, al mismo tiempo que se protege la privacidad y seguridad de los ciudadanos.
Escrito por: Valentina Díaz
